La LOTT al senado

La nueva Ley de Ordenación del Transporte Terrestre ha pasado la aprobación en el Congreso  de Diputados. Se han añadido algunas de las enmiendas solicitadas por las diferentes asociaciones de transporte,  pero todavía hay una serie de reivindicaciones que el sector del transporte pide que se incorporen en su tramitación en el Senado.

El Gobierno presentó en diciembre el  Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), un proyecto como, comentamos en el curso de logística, lleno de polémica por los cambios que quiere introducir en el sector. El artículo 22 deja parcialmente fuera a la fórmula de cooperativa que utilizan algunos de los operadores, pues los servicios de transporte terrestre sólo los podrán realizar aquellas personas físicas o jurídicas que sean titulares de una licencia o autorización. Parece que la razón del cambio esta en el fraude fiscal que realizan algunas cooperativas fantasmas.

La economía social en el transporte está representada mediante el empleo de tres fórmulas: cooperativa de transportistas, cooperativa de transporte y cooperativa de trabajo asociado, siendo esta última la empleada por algunos pesos pesados con objeto de obtener ciertos beneficios fiscales. Este tipo de cooperativas actúan en el mercado como una empresa de transporte, convirtiéndose en titulares de los vehículos y las tarjetas o autorizaciones de transporte.

Al margen de la polémica por el “sistema de fiscalidad paralela”, en lo que sí coinciden todas las fuentes consultadas es en el hecho de que la nueva LOTT supone un ataque frontal contra las fórmulas de economía social del sector del transporte terrestre. La ley introduce una sanción de hasta 6.000 euros para el socio de una cooperativa que facture a su sociedad,

Desde el sector se pide més exigencia al gestor del transporte en empresas de transporte ligero, la repercusión obligatoria de los precios del gasóleo en las facturas, incrementar hasta el 50% la reducción en las multas por pronto-pago y limitar la cadena de sub-contratación.

Fuente: El Economista

 

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